La Ley de Retorno Seguro, establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco de la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país. Dentro de los protocolos establecidos se encuentra la obligatoriedad de contratación de un seguro que de coberturas de salud y vida frente a siniestros producidos a causa del COVID-19.

La Ley de Retorno Seguro establece que los empleadores deben contratar un seguro obligatorio para todos los trabajadores de las empresas, adscritos a Fonasa e Isapres del sector privado, con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial.

Cubre los gastos por hospitalizaciones y rehabilitaciones derivadas del COVID-19; siempre que se efectúen en modalidad institucional (Fonasa) o CAEC (Isapres) en los términos descritos en la póliza e indemniza a los beneficiarios por un valor de 180 UF en caso de fallecimiento por COVID-19 del titular.

Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19.

Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en un accidente, de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19.

Afiliados Fonasa: En el caso de personas aseguradas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la Red Asistencial Pública.

Afiliados Isapre: En el caso de personas aseguradas afiliadas a una Institución de Salud Previsional, los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red de prestadores de salud individuales e institucionales que cada Institución pone a disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles la CAEC.

Sin perjuicio de lo anterior, el seguro deberá financiar una suma equivalente al monto del deducible que le hubiere correspondido pagar si el beneficiario se hubiese atendido en la red de prestadores respectiva para gozar de la CAEC.

Este seguro no excluye a trabajadores en modalidad de Teletrabajo.

El empleador se encuentra obligado a contratar el seguro dentro de 30 días desde el deposito de la POL² para trabajadores existentes, y 10 para aquellos que se integren con posterioridad.

(2) POL: Póliza.

Los empleadores que no hubieren contratado el seguro, serán responsables del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurado, además de otras sanciones.

Epicrisis del paciente otorgada por el médico tratante, que indique el diagnóstico de COVID-19.

Recibos, comprobantes de pago, boletas o facturas que den cuenta de los gastos amparados por la póliza.

Liquidación final del copago de cargo del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Salud; o del monto del deducible de la CAEC, que le corresponde pagar al trabajador afiliado a una Institución de Salud Previsional.

En caso de fallecimiento, certificado de defunción de la víctima, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que señale como causa de la muerte la enfermedad COVID-19. Además de los antecedentes que acrediten legalmente la calidad de beneficiario.

Otros antecedentes que sean necesarios para el proceso de liquidación.